Cristina Pérez. Los Angeles | 26 de septiembre de 2011

 

Han pasado varias semanas desde el anuncio que se hizo el 18 de agosto por la Administración de Obama y el Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security “DHS”) acerca de suspender ciertas deportaciones, noticia que afectará de algún modo a más de 300,000 inmigrantes.

 

Aprovecho esta ocasión para aclarar y advertir que esta nueva política no es una manera rápida de obtener la residencia permanente y ciertamente no es una nueva ley o alguna forma de amnistía.

 

En particular, la Administración de Obama y el DHS anunciaron el establecimiento de una unidad conjunta entre el propio DHS y el Departamento de Justicia (“DOJ”), cuyo objetivo sería lograr que los recursos del gobierno estén centrados en las prioridades más importantes del control migratorio, por ejemplo, la seguridad nacional, pública y fronteriza, así como la integridad de nuestro sistema de inmigración.

 

Para alcanzar esta meta el gobierno va a categorizar los casos pendientes de deportación como de “alta” y “baja” prioridad, con el fin de concentrarse en la deportación de los casos que “prioridad alta” y suspender la misma en los de “prioridad baja”.

 

En pocas palabras, la suspensión de las deportaciones anunciadas por el Gobierno Federal sólo beneficiará a las aproximadamente 300,000 personas que se encuentran actualmente en proceso de remoción.

 

Cabe recalcar que dicho procedimiento no concede permisos de trabajo. Las personas que están enfrentando la deportación en tribunales de inmigración tendrán la oportunidad de que su expediente sea revisado por las autoridades competentes quienes decidirán, de acuerdo al criterio del Gobierno, si el proceso continúa o se suspende.

 

A continuación algunos hechos importantes en relación a esta nueva póliza:

• Los casos de “prioridad baja” incluyen a veteranos de guerra, personas con un largo periodo de residencia en el país, menores de edad,  ancianos, individuos que han vivido en el país desde la infancia (candidatos potenciales al DREAM Act), personas con discapacidades graves o problemas de salud, mujeres amamantando o embarazadas y las víctimas de violencia doméstica u otros delitos graves. Cabe aclarar que ésta no es una lista definitiva.

• Los casos de “prioridad alta” incluyen a aquellos individuos catalogados como una amenaza a la seguridad nacional, pública (los criminales por ejemplo) y fronteriza, así como los que han violado las leyes de inmigración en repetidas ocasiones, como por ejemplo los que hayan sido aprehendidos intentado cruzar la frontera de forma ilegal.

• Los casos que ya se manejan en las cortes y que son identificados como de “prioridad baja” serán cerrados administrativamente.

• Las personas cuyos casos hayan sido cerrados administrativamente pudieran ser elegibles para solicitar un permiso de trabajo con el USCIS. Aunque el Gobierno no ha dado un pronunciamiento claro al respecto.

• Algunos casos nuevos pudieran evadir el ingreso al sistema de cortes de inmigración si son identificados como de “prioridad baja”.

• Los casos que ya tienen una orden final de deportación/remoción serán considerados para una revisión.

• El periodo de tiempo para revisar un proceso de deportación es aun desconocido, aunque el Gobierno ha comenzado a identificar casos pendientes.

 

Si usted está bajo un proceso de deportación/remoción, contrate los servicios de un abogado de inmigración cualificado.
Es importante saber que todavía hay muchas preguntas sin respuesta sobre esta nueva póliza de deportación que el Gobierno tendrá que aclarar. Pero no hay garantías al respecto.

 

Lo que sí sabemos es que esta nueva póliza apunta al fortalecimiento de las leyes migratorias de una manera eficiente, inteligente y más humana. Esperamos que esta póliza sea una señal de que la Administración está trabajando para establecer un sistema migratorio integral que funcione y que tome en cuenta a las millones de personas que contribuyen día a día al progreso de la nación, y que consideran a los Estados Unidos su hogar.

 

No se trata de una ley “secreta”. Por favor tenga cuidado con falsas promesas que le aseguran o garantizan que es una forma de obtener su tarjeta verde. No es así. No caiga víctima de gente inescrupulosa, como algunos notarios o consultores que quisieran aprovecharse de la comunidad inmigrante. Es importante que se mantenga informado para protegerse usted y su familia. Ponga su futuro en buenas manos.

 

Si tiene preguntas o cree que esta nueva póliza puede ayudarlo, sea paciente y no se entregue a las autoridades de inmigración. Use el sentido común y busque la ayuda de un abogado competente. EC

 

La información proveída es solamente como referencia. Si necesita asesoría legal o tiene un caso legal grave, debe consultar a un abogado.

 

Cristina Pérez es una abogada de inmigración de prestigio y un personaje mediático reconocido internacionalmente. También es fundadora de Pérez González, un bufete de abogados especializado en proporcionar consejería profesional en derecho civil, leyes de inmigración y leyes que involucran a negocios. Para más información la puede contactar en: [email protected] o al (818) 550-8300.

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