Ni siquiera la desgracia más profunda le ha servido para mantenerse en el tan traído sueño americano. Quelino Ojeda Jiménez, un inmigrante indocumentado, fue deportado hace unos días antes de Navidad a su México natal, después de cuatro meses en un hospital de Chicago y de haberse quedado cuadrapléjico por un accidente laboral, según publica el Chicago Tribune. Su caso, ha despertado el clamor de la comunidad hispana en la ciudad de los vientos.

“Se deshicieron de él como un pedazo de basura”, dijo Horacio Esparza, defensor de los derechos de los discapacitados, aunque sus quejas no lograron evitar que Ojeda fuera trasladado a un centro médico en Oaxaca, su ciudad de origen, de forma imprevista.  

El joven inmigrante sufrió un accidente al caerse desde un tejado y perdió la habilidad para mover el cuerpo. Ahora ni siquiera es capaz de respirar por sí mismo ni de hablar con normalidad, y vive en un hospital mexicano sin apenas recursos para mantener su delicado estado. Al parecer, no hay fondos suficientes ni para cambiar los filtros del respirador que le ayuda a mantenerse con vida.
Algunos cercanos a Ojeda aseguran que hubo negligencia por parte del consulado mexicano de Chicago, que no pudo o supo intervenir en un proceso poco ortodoxo. Según miembros del propio organismo gubernamental mexicano, gestionan la deportación de entre 10 y 15 personas al año por cuestiones médicas, aunque obviaron el caso de Ojeda.

Su traslado a México fue una decisión del centro médico que lo atendió durante meses, el Advocate Christ de Chicago, acostumbrado a lidiar con casos de inmigrantes sin seguro de salud. En total, se calcula que hay más de 270.000 personas sin cobertura sanitaria en el estado de Illinois, lo que supone una factura considerable para esos hospitales, obligados a sobrevivir con donaciones.

Con Ojeda, invirtieron 650.000 dólares en sus cuatro meses de estancia en el hospital, más otros 60.000 en su traslado a México, y una vez que vieron que su condición era estable, lo mandaron de vuelta para cortar de raíz una factura as-tronómica.

De acuerdo a las leyes federales, cualquier persona, con los papeles en regla o sin ellos, tiene derecho a atención médica de urgencia, aunque es dado de alta una vez que garantizan que su condición no es grave. La recuperación, por complicada que sea, no corre por cuenta suya.

Todo ello pese a las súplicas de Florinda Marcial, que atendía a Ojeda en el hospital con frecuencia, y del propio afectado, que nunca dio el consentimiento para que lo enviaran de vuelta a su casa. Claro que en esos casos de deportación lo que diga el inmigrante indocumentado poco importa.

“No quería regresar porque aquí no hay medicina”, dijo Ojeda al Tribune —con mucha dificultad— desde una cama en el Hospital General María Lombardo de Caso, un pueblo de Oaxaca.

El joven quería recuperarse en Estados Unidos y seguir con su aventura que había empezado cuatro años antes en Carolina del Sur, en su intento de buscar trabajo para alimentar a su mujer y a su hijo de tres años en México. Después pasó por Atlanta hasta aterrizar en Chicago y trabajar en la construcción, cerca del aeropuerto.

Al parecer, el trabajador oaxaqueño intentó mover una hoja de metal de un tirón, pero hizo demasiada fuerza y cayó desde unos ocho metros de altura, de espaldas. Tres días después, se despertó en la cama de un hospital, paralizado, un drama que ahora vive desde otra cama, pero en su pequeño pueblo del que quiso salir para nunca volver, al menos en esas condiciones. EC

 

 

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