Pedro Figueroa recibirá 190.000 dólares tras ser delatado a Inmigración por un policía
Pedro Figueroa fue capaz de superar el miedo con el que viven millones de indocumentados en Estados Unidos. Tras pasar dos meses entre rejas, este salvadoreño de 33 años demandó a la ciudad de San Francisco por violar las leyes de la “ciudad santuario” que prohíben a los agentes de policía la colaboración directa con oficiales del departamento de Inmigración federal. Ahora recibirá una compensación económica de 190.000 dólares.
La abogada que representa a Figueroa anunció que el fiscal general de la ciudad decidió no disputar la demanda e indemnizar a Figueroa, que además recibió la disculpas de la policía por el trato recibido y por el mal trago que supuso para su hija contemplar la escena de su arresto. Un documento de las autoridades federales de inmigración confirmó que el agente que lidió con el trabajador hispano contactó directamente al ICE (US Immigration and Customs Enforcement) para que fuera deportado.
El salvadoreño, comprometido con una ciudadana americana y a cargo de una niña de 8 años, entró en una comisaría de policía del sur de la ciudad el 2 de diciembre de 2015 para recuperar su coche robado. Figueroa no solo no recuperó su vehículo sino que fue arrestado en la comisaría con la premisa de que tenían que hacerle unas preguntas.
Tras unos minutos esposado, fue puesto en libertad y al pisar la calle había un agente del ICE esperando para llevárselo. “Podía escuchar a mi hija gritando desde la furgoneta, ¡papi!, !papi!”, explicó el propio Figueroa. “Podía escucharla pidiendo que no me llevaran”.
Zachary Nightingale, la abogado del inmigrante, dice que esto envía un mensaje positivo a la comunidad. “Es importante para San Francisco que defienda sus valores. Si alguien no puede ir a la policía, crea una situación donde hay menos seguridad pública”.
San Francisco, con su aureola de ciudad históciamente liberal, ha liderado la causa de defensa de los inmigrantes indocumentados desde hace años. De hecho, la normativa bautizada como “santuario” rige desde 1989, prohibiendo a los oficiales de policía que actuén como agentes de inmigración con el objetivo de establecer un vínculo de confianza con las comunidades latinas.
