Entrar ilegalmente a los Estados Unidos o permanecer más tiempo del autorizado cuando ingresa legalmente, conlleva serias penalidades que muchos desconocen o no comprenden.
Si entra ilegalmente a los Estados Unidos, su “presencia ilegal” comienza desde el mismo día que entra al país.
Si ingresa al país con una visa temporal válida o una tarjeta que le permite cruzar la frontera, y sobrepasa el período de tiempo indicado en la tarjeta I-94 emitida por el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos (USCIS), su “presencia ilegal” se inicia el día posterior a la fecha de expiración del permiso.
Algunas personas están esperando una reforma migratoria, mientras que otros están tratando de legalizar su situación en virtud de la legislación vigente, aún y cuando se encuentran ilegales en los Estados Unidos.
Pero estar ilegalmente en el país podría impedirle obtener la tarjeta verde (tarjeta de residencia) en los Estados Unidos o en un consulado en el extranjero.
Una vez que abandonan el país, generalmente se desencadenan consecuencias graves por haber permanecido ilegalmente. Estas consecuencias son comúnmente conocidas como los tres y 10 años de castigo.
Si la persona está presente en los Estados Unidos infringiendo la ley por más de 180 días, y luego abandona el país, no podrá regresar legalmente durante un período de tres años. Hay un castigo más severo para quien permanece más de un año ilegalmente y luego abandona el país. Al irse, no podrá regresar legalmente durante 10 años.
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Hay algunas excepciones tanto para los tres como para los 10 años de castigo. Por ejemplo, entre los que presentaron peticiones antes el 30 de abril del 2001 y pueden ajustar su estatus se encuentran los menores, mujeres maltratadas, residentes permanentes legales y asilados.
También están quienes entraron por última vez a los Estados Unidos legalmente con una visa, la cual ha caducado, y son cónyuges, hijos menores o padres de un ciudadano norteamericano. Estas personas pueden obtener la tarjeta verde, independientemente de su presencia ilegal.
No obstante, los tres y 10 años de castigo se pueden llegar a exonerar.
Quienes están sujetos al castigo pueden obtener una excepción para obtener su tarjeta de residencia y re-ingresar a los Estados Unidos. Para tener derecho a esa excepción, deben demostrar que su cónyuge o padre, ciudadano norteamericano o residente permanente, sufriría “dificultades extremas” si no se les permite regresar a los Estados Unidos.
Aunque no existe una definición clara de “dificultades extremas”, la sola separación de un familiar y la separación emocional son insuficientes.
Más bien hay que presentar evidencias adicionales que demuestren un nivel más elevado de dificultad extrema, tale como problemas de salud del familiar calificado, problemas financieros que el familiar calificado pudiera sufrir, o condiciones políticas o económicas en el país de origen del solicitante.
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Cada caso es único y diferente, por lo que es importante presentar evidencias de todo lo que el cónyuge o padre del solicitante sufriría si al extranjero no se le permite regresar a los Estados Unidos. Los oficiales deciden cómo sopesar la evidencia y la concesión de una exención es a discreción.
Consulte con un abogado de inmigración
Ahora más que nunca debemos impulsar la reforma migratoria. Las decisiones de las exenciones son largas y arbitrarias. Lo único que hacen los períodos de castigo es dividir a las familias.
Si necesita salir de los Estados Unidos o decide abandonar el país para procesar su residencia permanente en el extranjero, asegúrese de consultar a un abogado de inmigración a fin de que comprenda las consecuencias, porque puede que no valga la pena el efecto emocional y mental que produce la separación familiar.
En estos casos, frecuentemente las personas desconocen el proceso de exenciones o cómo presentar a su nombre la evidencia apropiada, y después de un largo período de espera se enteran de que la exención no estuvo bien preparada y que no sometieron suficientes evidencias para demostrar las “dificultades extremas”. Debido a la inexperiencia y desconocimiento en el manejo de estos casos, particularmente por quienes no son abogados, los casos son preparados con deficiencias y muchos de ellos son denegados. Para ese momento es demasiado tarde.
El proceso de completar y presentar una solicitud para una tarjeta verde a través de un familiar puede ser costoso y confuso. Como siempre, le recomendamos contratar los servicios de un abogado especializado en leyes de inmigración para que le asista con éste o cualquier otro proceso de inmigración. Recuerde que no es tan fácil como “sólo llenar” una solicitud, especialmente cuando implica solicitar beneficios ante el USCIS.
La información proporcionada solo puede ser usada como referencia y no tiene la intención de suplir los consejos legales o asistencia jurídica.
Cristina Pérez es una abogada de inmigración de prestigio y un personaje mediático reconocido internacionalmente. También es fundadora de Pérez González, un bufete de abogados especializado en derecho civil, leyes de inmigración y leyes que involucran a negocios. Para más información cristina@california-lawfirm.com o al (818) 550-8300.
