Arizona ha pedido a la corte la aplicación de una medida que castigaría a todos aquellos que transporten o alojen a indocumentados en el estado

Religión, inmigración, orientación sexual. Arizona parece no salir de una cuando ya se ha metido en otra. Como que se siente cómoda en la polémica. La última, no en contra del sector homosexual ni del inmigrante ilegal, ahora apunta baterías contra otro sector.

Los que estarán bajo la lupa serán todos aquellos que transporten, alojen o protejan a un inmigrante ilegal. ¿Las razones? El estado no quiere animar o inducir a cualquier ilegal a vivir en Arizona. Sin embargo, parece que se está yendo demasiado lejos.

Esta medida, es parte de la llamada SB 1070, una ley  mucho más amplia de lo anteriormente descrito, pero que, resumiendo, lo que pretende es otorgar al cuerpo de policía de más poder para preguntar y detener a todos aquellos que muestren indicios de estar en el país ilegalmente. Una vuelta al neolítico, el homólogo de la inquisición española, pero en términos migratorios.

John Bouma, abogado del gobernador Jan Brewer, ha pedido a la corte que apoye la ley y a Arizona después de que, tanto el abogado del juicio como la corte de apelaciones del noveno distrito de los Estados Unidos bloquearan su aprobación.

Para Bouma, el principal argumento es que no hay nada erróneo en un estado que quiere tener sus propias leyes de inmigración, algo que no va en contra de las leyes del país. Pero es algo, que, sin embargo, puede ir más allá, puesto que la corte teme que al aprobar esta ley empiece a haber gente en serio peligro físico, un riesgo que se quiere evitar.

Sin embargo, parece que es un asunto que va para largo y que no quedará atrapado por las fronteras de Arizona. Esperemos, mientras tanto, que impere el sentido común. EC

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