De acuerdo a las nuevas reglas, alguien considerado como una «carga pública» podría tener problemas para obtener la residencia legal en EEUU
Por José López Zamorano
El Departamento de Seguridad Interna (DHS) publicó la regla final de la “carga pública” que podría dificultar la obtención de la Residencia Legal Permanente o “Green Card” a unos 4 millones de inmigrantes que han recibido algún tipo de beneficios públicos.
La regla final define “carga pública” como un extranjero que ha obtenido “uno o más beneficios públicos durante más de 12 meses en total, dentro de un periodo de 36 meses”, de acuerdo con DHS. A su vez, los “beneficios públicos” son aquellos que incluyen dinero en efectivo como ingresos por manutención, dinero de seguridad social suplementaria, asistencia temporal para familias necesitadas, Programa de Asistencia para Nutrición Suplementaria (SNAP), la mayor parte de los programas de Medicaid y ciertos programas (de ayuda) para la vivienda.
Los solicitantes de “Ajuste de Estatus” que sean sujetos a la regla deben mostrar, no sólo que son autosuficientes, sino que es improbable que se conviertan en el futuro en una “carga pública”sometiendo la forma I-944 de Declaración de Autosuficiencia cuando presenten la forma I-485.
Funcionarios de la administración Trump han señalado que el concepto detrás de la regla de la “carga pública” tiene su origen en añejos principios legales que requieren que los migrantes sean autosuficientes. También es verdad que el sistema de beneficios públicos tiene el potencial de ser objeto de abusos y que los beneficios sean recibidos por personas que no los necesitan.
Aún antes de que entrara en vigor la “carga pública”, activistas habían advertido que inmigrantes o sus familias tenían derechos legítimos, por ejemplo, para recibir beneficios para sus hijos nacidos en Estados Unidos, aunque muchas personas ya han empezado a dejar de solicitar los beneficios públicos por temor a que ello pueda entorpecer sus posibilidades de regularización migratoria.
Afortunadamente la regla final de la “carga pública” excluye de sus requerimientos a refugiados, asilados y ciertos solicitantes de la Ley de Violencia contra las Mujeres (VAWA). EC
Con información de La Red Hispana
