La aprobación de una polémica medida en Arizona conlleva el bloqueo de nuevas reglas para limitar el uso de algunos de los fármacos más comunes para provocar la interrupción del embarazo

El fallo del juez David C. Bury supondrá la entrada de las nuevas restricciones el próximo martes. En resumidas cuentas, de lo que trata la ley es de la prohibición del uso de píldoras para interrumpir el embarazo a partir de la séptima semana de embarazo, lo que supone un adelanto de dos semanas respecto a la normativa actual, la cual daba un margen de nueve semanas a las embarazadas para decidir, o no, tener al niño y actuar consecuentemente.

El origen del debate viene de una demanda presentada por Planned Parethood Arizona y la clínica privada, especializada en interrupciones de embarazos, Women’s Center, que argumentaban que la nueva ley suponía un importante obstáculo para todas aquellas mujeres que deseaban someterse a una de estas prácticas, por lo que se reclamaba que la regla no entrase en vigor.

Esta regla, emitida por el Departamento de Salud de Arizona y respaldada por el partido conservador, pretende provocar la decisión de interrumpir el embarazo a los primeros meses de gestación, cuando el feto esté lo menos desarrollado posible.

Por otra parte, Planned Parenthood estimaba que alrededor de 800 mujeres se habrían tenido que someter a procedimientos quirúrgicos el pasado año. Esto viene basado en la percepción que se tiene de que, pese a la prohibición de interrumpir el embarazo utilizando medicamentos, esto no va a parar a todas esas mujeres que deseen hacerlo.

Pero el juez dictaminó que esto no tenía que ser así, puesto que se espera que la ley suponga una reducción del número de abortos, especialmente para todas aquellas futuras madres que residan en el norte del estado, donde hay escasez de clínicas, por lo que tendrían que recorrer grandes distancias en caso de querer recurrir a la cirugía para interrumpir un embarazo. EC

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