El Departamento de Seguridad Nacional presentó un escudo migratorio que “preservaría y fortalecería” la política de DACA
Por José López Zamorano
Ante la inminente posibilidad de que la reforma migratoria no pueda ser aprobada este año, debido a los desacuerdos internos entre demócratas, así como a la oposición republicana, el presidente Joe Biden presentó un nuevo escudo para proteger a los cientos de miles de beneficiarios del programa de acción diferida para llegados en la infancia, conocido como DACA.
Los jóvenes elegibles a DACA, que son cariñosamente referidos como “Dreamers”, estaban destinados a ser los principales beneficiarios del propuesto plan para abrirles una ruta a la residencia legal y, eventualmente, a la ciudadanía de Estados Unidos.
Aunque todavía existe la posibilidad de que los demócratas logren armar un proyecto de ley que pueda ser aprobado por la experta parlamentaria del Senado para que sea incluido en la reconciliación legislativa, todo el proceso se encuentra en incertidumbre, debido a la falta de acuerdo en los proyectos de infraestructura física y humana.
De allí que sea doblemente importante el hecho de que el Departamento de Seguridad Nacional presentó una propuesta de regla migratoria que, según las propias palabras del documento, “preservaría y fortalecería” la política de DACA para la emisión de acciones diferidas para ciertos jóvenes.
La propuesta sería como un escudo que protegería de la deportación, aunque no les conferirá un estatus legal, a quienes hayan venido a los Estados Unidos siendo menores de 16 años, hayan residido de manera continua en el país a partir del 15 de junio de 2007, no tengan un estatus migratorio legal desde el 15 de junio de 2012 y se hayan graduado u obtenido un certificado de una escuela preparatoria o un certificado GED.
El costo de la membresía a DACA se mantendría en $495, lo que incluiría el procesamiento y la emisión de una autorización de empleo.
Se trata de la respuesta oficial de la administración Biden al fallo del juez de Texas Andrew Hanen quien dictaminó que el programa DACA original, lanzado por el presidente Barack Obama en 2012, no cumplió con los requerimientos regulatorios y que por lo tanto es ilegal. Aunque el juez sólo suspendió el programa para nuevos ingresos, dejó abierta la posibilidad de que los errores de implementación pudieran ser solucionados.
Bajo los protocolos federales, la propuesta de regulación de la administración Biden debe atravesar un proceso de consultas públicas de 60 días. Al igual que como ocurrió con la propuesta de la regla pública de la era Trump, se espera que esta propuesta genere cientos de miles de comentarios en los próximos dos meses.
En la práctica, la administración Biden creó con esta propuesta una extensión de varios meses al programa DACA y mostró al juez que quiere cumplir de buena fe. Pero la realidad es que los beneficiarios de DACA, al igual que los trabajadores esenciales y los beneficiarios del TPS, requieren de una solución permanente.
La pelota sigue en la cancha del partido demócrata, que tiene la responsabilidad de presentar de manera urgente una propuesta alternativa de reforma migratoria que cumpla con las exigencias de la experta parlamentaria del Senado y destine el suficiente capital político para aprobarla cuanto antes posible. EC
Con información de La Red Hispana
